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Consideran que se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia porque no se ha probado su participación en la distribución final de la ayuda, a pesar de que sí estuvieron involucrados en la ejecución del procedimiento ilegal que la hizo posible.

Manuel Chaves y José
Manuel Chaves y José Antonio Grin, durante el juicio celebrado en las Audiencias de Sevilla en 2018.EFEpiscina

los juicio de Corte Suprema se fija y toma por unanimidad sólo en parte, porque entre los magistrados que constituyen habitaciones criminales del juzgado se ha producido una discrepancia en relación con la condena de cinco de los imputados por el delito de peculado, que es el que, a diferencia de la prevaricación, va asociado a una pena de prisión.

los magistrados Ana María Ferrer García Y Susana Polo García Creen que no hay pruebas suficientes para condenar al expresidente de la junta por peculado (no cuestionan el delito de prevaricación). José Antonio Grin y otros cuatro altos cargos de la Junta cuyas penas de prisión han sido ratificadas por la Corte Suprema.

La sentencia por malversación no será conforme a derecho según estos jueces, cuya apreciación no afecta a la trascendencia de la solución final del proceso, aunque sin duda servirá como argumento de defensa. petición de perdón que ya ha reclamado la familia de Grin y que los otros cuatro condenados, que son Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo Serrano, Jess Rodríguez Román Y Miguel Ángel Serrano Aguilar.

En el voto particular suscrito por los dos magistrados (la sala de lo penal está integrada por cinco magistrados) se da por probado que los procesados ​​cooperaron con su actuación “en la puesta en práctica de un procedimiento ilegal para la aceleración y eficacia de la asignación de subvenciones excepcionales en el territorio de andaluz«.

También recuerdan que funcionarios y autoridades en asesor laboralen la fase final de ejecución de los presupuestos, entregaron y distribuyeron los subsidios «a favor de personas y empresas que carecían de derecho a ellos», con un desmedro del caudal público ya que «se entregaron sumas de dinero relevantes a personas y entidades ilícitas y con grave perjuicio para el patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía”.

Sin embargo, también consideran que “ninguno de los cinco imputados referidos intervino en estas actuaciones fraudulentas en la última parte de la ejecución presupuestaria, ni tuvo conocimiento de que fueran realizadas por las autoridades y funcionarios del Consejo de Trabajo”. “A pesar de ello, y sin base probatoria alguna para ello, fueron condenados por el delito de peculado en virtud de cualquier presunto fraude que en ningún caso fue probado”, añade el voto disidente de los magistrados.

Por ello, entienden que los cinco deberían haber sido absueltos del delito de peculado por haber «vulnerado con su convicción el derecho fundamental a la presunción de inocencia».

Además, de los dos jueces que han firmado este particular voto, los magistrados Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Carmen Lamela Díaz Y Eduardo de Porres Ortíz de Urbina.

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